Podríamos considerar a la sociedad civil como, el conjunto de las asociaciones cívicas voluntarias y sociales que forman una sociedad activa, al margen de las instituciones del Estado. Este concepto no es nuevo, ya Cicerón en sus obras las citaba. En los últimos 200 años los especialistas en teoría política desarrollaron esta acepción como un terreno paralelo al citado Estado, pero separado de éste: un espacio en el cual los ciudadanos se reúnen de acuerdo a sus propios intereses y deseos. Estas organizaciones no tienen que ser políticas, ni mucho menos, pero, tienen el legítimo de derecho de influir en la actividad pública de la sociedad en la que conviven.
Su implantación es el síntoma, la señal, de la existencia de una democracia avanzada, participativa, donde los ciudadanos tienen una mayor implicación en la toma de decisiones políticas, superior a la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa, es decir, la que emana legítimamente de la voluntad popular. ¿Cuáles son sus ventajas?, fundamentalmente las siguientes: aprovecha las las experiencias y capacidades de todos, promueve la legitimidad, desarrolla nuevas capacidades, mejora la calidad de vida. En definitiva, promueve la participación ciudadana con mayúsculas.
En esta línea argumental, recientemente, con posterioridad a los últimos comicios locales de mayo de 2007, han visto la luz dos iniciativas muy interesantes, en las dos ciudades mas importantes de la isla de Gran Canaria: Asociación Cívica, Las Palmas de Gran Canaria Proa 2020, una estrategia compartida, promovida por el ayuntamiento capitalino – http://www.proa2020.com/ - y la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Telde. Ambas propuestas tienen en común, abrir procesos de participación, es decir, integrar a la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones, de una forma abierta y organizada, sin cuestionar ni poner en duda la representatividad democrática, fruto de la voluntad popular.
Hasta aquí todo bien, coherente, pero, ¿donde esta el problema? – en el caso que lo hubiera- simplemente, mientras el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por interés personal de su alcalde, promueve la iniciativa; en Telde, el llamado por si mismo, “único interlocutor valido”, a la sazón concejal de Desarrollo Estratégico de la ciudad, muestra sus reservas afirmando que, “no se dan las condiciones necesarias para ilusionar a la ciudadanía en este proyecto”. Para entender esta afirmación habría que volver al principio de esta columna, es decir, partir de la sociedad civil como valor de democracia y participación ciudadana. Mientras que el Alcalde Saavedra, hace un planteamiento de promover, un poquito más al sur -catorce kilómetros solamente- no se entiende este proceso sin una tutela efectiva desde la institución municipal.
Quizás de forma premonitoria, el flamante presidente de asociación teldense, Antonio Hernández Lobo -a quien todavía no he tenido la ocasión de conocer personalmente- en un articulo publicado el pasado 20 de abril en varios diarios digitales, titulaba: Gobiernos y oposición, ¿temen a la participación ciudadana?, y entre otras cosas decía, refiriéndose a las diferentes iniciativas en, San Bartolomé de Tirajana, Telde y las Palmas de Gran Canaria, decía: “Es cierto que los mentados -los proyectos- tienen distinta naturaleza y estructura, pero les une un mismo leiv motiv, la participación libre y voluntaria de los ciudadanos que luchan por un lugar más digno para vivir”, continua “En cambio desde la verticalidad, la clase política -gobernantes o aspirantes a serlo- se acerca a la participación ciudadana, en campaña electoral, por que sobre todo, les proporciona votos” y acaba “Pero quizás lo más triste, son los temores de parte de la clase política a sentir como usurpadas las tareas, para las cuales, están donde están, por la ciudadanía”. ¡Bingo!. Tal vez, este alegato no habría sido tan extenso, si convenimos que los dos alcaldes de las dos ciudades más pobladas de Gran Canaria, están en las antípodas -en el amplio sentido de la palabra- el uno con respecto al otro.
Su implantación es el síntoma, la señal, de la existencia de una democracia avanzada, participativa, donde los ciudadanos tienen una mayor implicación en la toma de decisiones políticas, superior a la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa, es decir, la que emana legítimamente de la voluntad popular. ¿Cuáles son sus ventajas?, fundamentalmente las siguientes: aprovecha las las experiencias y capacidades de todos, promueve la legitimidad, desarrolla nuevas capacidades, mejora la calidad de vida. En definitiva, promueve la participación ciudadana con mayúsculas.
En esta línea argumental, recientemente, con posterioridad a los últimos comicios locales de mayo de 2007, han visto la luz dos iniciativas muy interesantes, en las dos ciudades mas importantes de la isla de Gran Canaria: Asociación Cívica, Las Palmas de Gran Canaria Proa 2020, una estrategia compartida, promovida por el ayuntamiento capitalino – http://www.proa2020.com/ - y la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Telde. Ambas propuestas tienen en común, abrir procesos de participación, es decir, integrar a la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones, de una forma abierta y organizada, sin cuestionar ni poner en duda la representatividad democrática, fruto de la voluntad popular.
Hasta aquí todo bien, coherente, pero, ¿donde esta el problema? – en el caso que lo hubiera- simplemente, mientras el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por interés personal de su alcalde, promueve la iniciativa; en Telde, el llamado por si mismo, “único interlocutor valido”, a la sazón concejal de Desarrollo Estratégico de la ciudad, muestra sus reservas afirmando que, “no se dan las condiciones necesarias para ilusionar a la ciudadanía en este proyecto”. Para entender esta afirmación habría que volver al principio de esta columna, es decir, partir de la sociedad civil como valor de democracia y participación ciudadana. Mientras que el Alcalde Saavedra, hace un planteamiento de promover, un poquito más al sur -catorce kilómetros solamente- no se entiende este proceso sin una tutela efectiva desde la institución municipal.
Quizás de forma premonitoria, el flamante presidente de asociación teldense, Antonio Hernández Lobo -a quien todavía no he tenido la ocasión de conocer personalmente- en un articulo publicado el pasado 20 de abril en varios diarios digitales, titulaba: Gobiernos y oposición, ¿temen a la participación ciudadana?, y entre otras cosas decía, refiriéndose a las diferentes iniciativas en, San Bartolomé de Tirajana, Telde y las Palmas de Gran Canaria, decía: “Es cierto que los mentados -los proyectos- tienen distinta naturaleza y estructura, pero les une un mismo leiv motiv, la participación libre y voluntaria de los ciudadanos que luchan por un lugar más digno para vivir”, continua “En cambio desde la verticalidad, la clase política -gobernantes o aspirantes a serlo- se acerca a la participación ciudadana, en campaña electoral, por que sobre todo, les proporciona votos” y acaba “Pero quizás lo más triste, son los temores de parte de la clase política a sentir como usurpadas las tareas, para las cuales, están donde están, por la ciudadanía”. ¡Bingo!. Tal vez, este alegato no habría sido tan extenso, si convenimos que los dos alcaldes de las dos ciudades más pobladas de Gran Canaria, están en las antípodas -en el amplio sentido de la palabra- el uno con respecto al otro.
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