La necesaria evaluación de los empleados públicos

La pasada semana -los días 5 y 6 de febrero- tuvo lugar en Granada el XVI encuentro de Economía Pública, donde se reunieron expertos de todo el país. En una de las ponencias se analizaba el empleo público en España y en particular de los trabajadores de las administraciones autonómicas; en lo referente a Canarias se constató que en el tramo 2002 – 2007 el gasto por trabajador en la administración subió en 9.751 euros, es decir, lo que costaba un funcionario canario en 2002 era una media de 30.621 euros anuales, mientras que en el 2007 alcanzaba los 40.372 €.

Por otro lado, el pasado 22 de enero, el Gobierno de Canarias y nuestras dos universidades firmaron un convenio que tiene como finalidad la evaluación de los empleados públicos de la comunidad autónoma. La puesta en marcha de este proyecto se basa en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, en cuyo artículo 20 se prevé el establecimiento de sistemas que permitan la estimación del desempeño de los empleados de las administraciones públicas.

En el acto de firma del acuerdo, tanto el Consejero de Presidencia José Miguel Ruano, como los Rectores de la ULPGC y ULL: Regidor y Domenech respectivamente, indicaron que los resultados de este proyecto podrán ser extrapolables al resto de las administraciones públicas canarias y que el desarrollo de todo un sistema de evaluación del desempeño como este “es necesario para la mejora de los servicios públicos”. El Consejero anunció que es intención del Gobierno Canario “incorporar los resultados de este trabajo a la nueva Ley de la Función Pública Canaria, que será presentada en el Parlamento y sustituirá a la actual de 1987”. En definitiva, los resultados de esta valoración tendrán consecuencias directas en la función pública: en la eficacia y en la eficiencia.

Sin duda, el valor más eficaz que tiene cualquier empresa –pública o privada- es su capital humano. Es al que se dedican más recursos económicos, es por tanto, la mejor inversión; pero debe estar orientada a la mayor productividad posible. Para que esta sea positiva tienen que darse dos condiciones fundamentales: la eficacia y la eficiencia, en caso contrario, los recursos humanos en vez de ser un activo, pasarían a formar parte del pasivo, serian un lastre y conducirían al ahogamiento económico de cualquier empresa de la índole que sea.

En el Consistorio teldense se abierto un debate -en mi opinión, un tanto improductivo- a propósito del plan de austeridad propuesto por los gestores del grupo de gobierno y la respuesta un tanto airada de los representantes sindicales; y digo estéril, por que no creo que el fondo de la cuestión consista en: “congelación, si o no; horas extras, si o no”. Pienso que ese no es el tema. Simplemente: los legítimos representantes democráticos tienen la obligación de velar por la calidad del servicio que presta el empleado público, haciendo que la eficacia y la eficiencia, confluyan en una optima productividad.

Desde su incorporación a la Dirección de Gobierno de Recursos Humanos, llevo fundamentalmente leyendo –y alguna vez oyendo- al Sr. Morán Rubio disertar en sus pláticas sobre la buena gobernanza y la modernización de la administración para acercarla más al ciudadano, en esencia, su democratización. Objetivo y pretensión totalmente loable; realmente es urgente la Relación de Puestos de Trabajo que siempre he defendido: No se puede tener la casa desordenada, por que no se sabe donde están los enseres. Pero también es importante, que la mayor empresa del municipio, que tiene alrededor de mil empleados, con el 43% de su presupuesto dedicados a recursos humanos y un 32% al funcionamiento interno y cotidiano, debe estar regularmente evaluando la productividad de ese activo. Solamente hay que leerse el acuerdo del Gobierno de Canarias, en sesión de 22 de abril de 2008, por el que se aprueban las “Acciones para la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.”- B.O.C., Nº 88, viernes 2 de mayo de 2008, pág. 8345 – 8364- El convenio firmado entre el Gobierno de Canarias y las universidades puede ser una buena piedra de toque para poner las pilas a las administraciones públicas canarias. A pesar de que sean tiempos de crisis, que nos obligan a la austeridad y que estemos contradiciendo aquella máxima ignaciana que “en tiempos de desolación no hay que hacer mudanzas”…Pero eso lo escribió el de Loyola hace 460 años…desde entonces, ¡ha llovido!... ¡hay que mirar hacia delante!